Un artículo publicado en el blog en español de The Document Foundation, escrito por Italo Vignoli, repasa una pregunta que parece sencilla, pero que tiene mucha profundidad: ¿cuándo podemos decir que un formato de documento es verdaderamente abierto? La respuesta no es solo técnica, sino también legal y política, y tiene consecuencias directas para cualquier administración, empresa o persona que quiera conservar sus archivos sin depender de un único fabricante.
Cuatro condiciones para hablar de apertura real
Según organizaciones de referencia como la Open Knowledge Foundation o la propia Unión Europea, un formato solo merece el calificativo de «abierto» si cumple cuatro requisitos:
- Especificación pública: las reglas completas del formato están publicadas y cualquiera puede consultarlas sin obstáculos.
- Libre de regalías: ninguna patente o pago por licencia puede impedir que se desarrolle software compatible.
- No discriminación: cualquier persona puede utilizar el formato para lo que quiera, sin solicitar permisos especiales.
- Gobernanza independiente: las futuras actualizaciones están en manos de un organismo de normalización transparente y sin ánimo de lucro.
A estos cuatro criterios se suman dos marcos de referencia reconocidos: la Open Definition, que establece los requisitos legales y técnicos para considerar abierta una obra, y el European Interoperability Framework (EIF) de la UE, que exige a las administraciones públicas utilizar formatos verdaderamente abiertos en sus documentos.
ODF frente a OOXML: dos ISO, dos mundos distintos
Tanto el Open Document Format (ODF) —el formato de LibreOffice y OpenOffice— como el Office Open XML (OOXML) —el de Microsoft Office— son estándares oficiales ISO. Pero eso no significa que sean igual de abiertos en la práctica.
ODF fue diseñado desde cero como una especificación XML limpia y moderna. Sus reglas están escritas en un esquema XML Relax NG, son concisas y cualquiera puede consultarlas sin esfuerzo. Está gestionado de forma neutral por OASIS, sin que ninguna empresa concreta tenga una influencia especial sobre su futuro. Y lo más importante: puede implementarse en igualdad de condiciones tanto en software libre como propietario, sin temor a demandas por patentes.
OOXML, en cambio, arrastra un problema de origen: nació para representar en XML los antiguos formatos binarios de Microsoft Office, y eso se nota. Su especificación supera las 6.000 páginas e incluye mecanismos heredados y fragmentados. Se divide en dos variantes, Strict y Transitional, siendo esta última —la que Microsoft Office genera por defecto— descrita por el propio blog de The Document Foundation como «un enorme catálogo de funciones de compatibilidad, elementos obsoletos y comportamientos específicos de determinadas plataformas», con referencias a peculiaridades no documentadas de versiones de Office de la década de 1990.
El problema legal: una promesa, no una licencia
Más allá de la complejidad técnica, existe una diferencia legal de fondo. ODF utiliza un marco jurídico estándar, totalmente compatible con el software de código abierto: cualquiera puede implementarlo sin temer litigios por patentes.
OOXML, por su parte, depende de la Microsoft Open Specification Promise (OSP), un compromiso unilateral de la propia Microsoft de no demandar por determinadas patentes. El problema es que esa protección solo cubre a los desarrolladores mientras su implementación reproduzca fielmente la especificación oficial. Cualquier desviación, extensión o caso límite definido por la propia implementación podría quedar fuera de esa protección jurídica. No es lo mismo que una licencia verdaderamente libre.
A esto se suma que OOXML mantiene elementos muy vinculados al ecosistema Windows, lo que dificulta que otras plataformas interpreten correctamente documentos con componentes heredados de los antiguos formatos binarios o definiciones propietarias incrustadas en el propio archivo. ODF, por el contrario, evita esas dependencias, lo que permite que aplicaciones independientes como LibreOffice o Apache OpenOffice interpreten y representen los documentos de forma uniforme.
Una definición legal que ya se aplica: el caso italiano
El artículo aporta además un ejemplo práctico de cómo estos principios ya se han incorporado a la legislación. Las directrices Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni, publicadas por la agencia italiana AgID en 2021, definen en su glosario el «formato abierto» como un formato de datos público, versionado, completamente documentado y sin restricciones para su implementación, reconocido por un organismo de normalización y mantenido de forma colaborativa mediante un proceso transparente.
Lo relevante es que estas directrices no son una simple recomendación técnica: fueron adoptadas en aplicación directa del Codice dell’Amministrazione Digitale italiano (artículos 68 y 69) y sustituyen a la normativa anterior. Es decir, en Italia la definición de formato abierto tiene fuerza de ley para la administración pública; no es solo una buena práctica.
Por qué importa
El artículo concluye, en esencia, que, aunque ODF y OOXML compartan el sello ISO, solo ODF cumple íntegramente los principios de un estándar verdaderamente abierto desde su propio diseño. OOXML, por el contrario, arrastra complejidades estructurales y jurídicas que en muchos casos dificultan una apertura real. Para cualquier administración pública u organización que quiera garantizar el acceso a sus datos a largo plazo, la independencia tecnológica y la ausencia de dependencia de un único proveedor, la elección del formato de documento no es un detalle técnico menor: es una decisión estratégica.
