Suiza quiere depender menos de las grandes tecnológicas extranjeras y está apostando por el software libre como parte de su estrategia de soberanía digital. Así lo confirmó este año un portavoz de la Cancillería Federal, que explicó que la administración federal “trabaja para reducir progresivamente su dependencia a largo plazo del software propietario”.
Qué es la soberanía digital para Suiza
Alexander Barclay, responsable de Transformación e Interoperabilidad de la Administración Federal Suiza, resume la idea de forma sencilla: la soberanía digital consiste en que el gobierno pueda cumplir su misión esencial sin depender de un proveedor o país externo. Según Barclay, no se trata de un objetivo cerrado ni de todo o nada, sino de un proceso continuo para encontrar soluciones viables en todos los ministerios.
El código abierto encaja perfectamente en esta filosofía: al tener acceso al código fuente, la administración puede mantener en funcionamiento sus sistemas aunque un proveedor decida salir del mercado o dejar de dar soporte.
Un marco legal que ya viene de atrás
Este giro hacia el open source no nace de la nada. En diciembre de 2025 se formalizaron unas “Directrices para la soberanía digital del gobierno federal”, con un total de seis puntos que marcan cómo deben diseñarse todos los proyectos digitales de la Confederación.
Estas directrices se suman a la Ley Federal sobre el Uso de Medios Electrónicos para el Desempeño de las Tareas de las Autoridades (conocida por sus siglas en francés, LMETA), en vigor desde 2023. Esta ley ya obligaba a las autoridades federales a publicar por defecto el código fuente del software que desarrollan, salvo que existan derechos de terceros o razones de seguridad que lo impidan. Es, en cierto modo, la aplicación práctica del principio de “dinero público, código público”.
Un proyecto piloto en marcha
Más allá de la teoría, Suiza ya está probándolo sobre el terreno. El país está finalizando una prueba piloto que consiste en sustituir una suite ofimática propietaria por una alternativa de software libre para 300 funcionarios públicos. Los resultados de esta prueba se publicarán en un informe clave previsto para el verano de 2026.
El objetivo de esta experiencia es claro: mejorar la eficiencia de los servicios públicos y garantizar la confidencialidad de los datos, sin depender de forma desproporcionada de un único proveedor o país externo. Si todo va bien, el gobierno suizo prevé extender esta solución a unos 3.000 trabajadores públicos en toda la administración federal.
Barclay insiste en que el cambio no puede quedarse solo en cambiar una licencia por otra: también es necesario formar al personal para que no sean meros usuarios, sino que sean capaces de ejecutar y depurar el propio software. Eso permitiría a la administración participar en comunidades de desarrollo y mejorar la interoperabilidad entre sistemas. Y añade una idea importante: la razón para abandonar el software propietario y las licencias de pago no puede ser solo económica, sino también una cuestión de resiliencia.
Suiza no va sola: mirando al resto de Europa
El caso suizo no es aislado. El país está siguiendo de cerca lo que están haciendo otros vecinos europeos: Francia, con su proyecto LaSuite y el reciente anuncio de la DINUM de migrar a Linux; Italia, con su Catálogo Developers Italia; y Alemania, con el proyecto ZenDis. Barclay también cita expresamente el caso de Schleswig-Holstein (Alemania) como ejemplo de lo que se puede aprender de otras administraciones públicas que ya están en pleno proceso de transición al software libre.
Para Barclay, la cooperación entre países en esta fase inicial es fundamental: “esto no es un juego de suma cero, todos salimos ganando”. Eso sí, termina con una advertencia clara: la base legal debe ir siempre por delante. Gracias a la ley LMETA de 2023, el principio de “dinero público, código público” dejó de ser una simple aspiración para convertirse en una obligación legal en Suiza.
